Acuerdo con el Fondo, una escala por el Congreso

Por: Dr. Matías Arregger. Abogado. Doctorando en Ciencias Jurídicas. Docente Universitario de Derecho Constitucional.

La Constitución Nacional es contundente en el sentido de afirmar que corresponde al Congreso “Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación” (art. 75 inc. 4 C.N.).

Como lo señala la doctrina calificada, “sobre su constitución y, sobre todo su arreglo, como dispone el art. 75 inciso 7, se ha operado un desplazamiento de las atribuciones del Congreso, por delegación de éste en el Poder Ejecutivo. No obstante, conforme al nuevo artículo 76 de la CN, ésta delegación debería operar en casos de emergencia pública”. (M. A. Gelli).

Según esta autora, el Congreso ha delegado en el Poder Ejecutivo la negociación, reprogramación y pago de deuda e intereses, contemplando el interés de la Nación en su conjunto. A tal fin ha autorizado al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito, es decir, a contraer deudas para pagar deuda conforme la Ley de Administración Financiera (Ley 24.156).

Por su parte, el Dictamen de la Comisión Bicameral Especial para el cumplimiento de la Cláusula Transitoria 8va. de la C.N. (Ley 26.519), en función de su recomendación 1). al incorporarla en el Anexo H (leyes delegantes de materia comercial, financiera y actividades deportivas), se habría hecho eco de esa lectura, considerándola norma delegante en leyes de esa naturaleza.

De estar a los términos de la ley 24.156, el único límite es el que pudiera provenir del Presupuesto, pero que, en función del último párrafo, no jugaría en el caso de tratarse de deuda contraída con el F.M.I., según esa misma ley lo dispone en su art. 60 último párrafo. “Se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente en este artículo, a las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte”.

Ahora bien: Es fundamental y corresponde tener presente que la Ley 24.156 es del mes de septiembre del año 1992. Es decir, sobreviene la reforma constitucional del 94, que en materia de delegación legislativa consagra una norma permanente (Art. 76 C.N.) y otra transitoria (8va.).

Ante este nuevo cuadro de situación, resultaba dudosa la legalidad en términos constitucionales de la transferencia de competencias que el Congreso pudo haber realizado en favor del Poder Ejecutivo conforme a los términos de la ley 24.156, o cuanto menos imposible sostener que el Congreso no tenga competencia o atribución para intervenir en la materia frente a la celebración de un acuerdo que el Poder Ejecutivo pudiera intentar suscribir con el FMI, con sustento en varios argumentos.

A saber: a) La regla enfática y clara del articulo 75 inc. 4) de la C.N.; b) que en el caso no puede haber “delegación”, no puede hablarse de “delegación”. Porque delegación es otra cosa en los términos del artículo 76 de la C.N., aunque se la haya considerado ley delegante en el informe de la Comisión Bicameral de la cláusula transitoria 8va, C.N.). No puede haber delegación cuando de otras competencias distintas de la de legislar en sentido material se trata.

En síntesis: el Congreso no puede “transferir” una atribución o competencia propia. Básicamente, hay allí una observación seria.

Más allá de lo anterior, también se advertiría -conduciéndonos en el esquema de una delegación, que por lo dicho no sería tal- que no se verificaría tampoco ajuste a ninguno de los parámetros del artículo 76 de la C.N. (no es “materia de administración”, ya que la Ley 25.148 sobre lo que el Congreso entiende por tal no la prevé, ni media tampoco “emergencia”, como presupuesto necesario).

Así, la ley 24.156 lisa y llanamente estaría en el punto avanzando contra la Constitución, e iría contra ella al transferir -no ya delegar- una competencia no legisferante, sino de otro tipo; y que la Constitución pone claramente en cabeza del Congreso.

En suma: no se trata en el caso bajo análisis de hacer la ley, sino de “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación” (75 inc. 4 C.N.).

Siguiendo lo que la propia ley 24.156 señala para cualquier otro tipo de crédito externo, cuanto menos correspondería concluir que, si no existe una pauta primaria inicial presupuestaria y un control de cuentas posterior sobre su acatamiento, debe mediar entonces, como mínimo, acuerdo del Congreso en los términos del artículo 75 inc. 22 de la C.N, porque de lo contrario, se resienten la competencia del Congreso, la República y, eventualmente, el propio crédito público. Más allá de la transgresión constitucional y los demás principios comprometidos.

En función de esas consideraciones, aunque no se lo hubiera hecho formalmente, se abre terreno la lógica de sostener que la reforma constitucional del 94 ha visto derogar de hecho la regla prescripta en el último párrafo del art. 60 (ley 24.156), del mismo modo que el artículo 43 de la C.N. ha venido a derogar de hecho la ley 19.986 (amparo) en todo aquello que contradice las reglas y principios que se mantienen en esta última y resulta contrario al texto constitucional. Es decir, no podemos sostener ni pensar que la reforma constitucional ha sido inocua respecto a este tema.

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