Gremios
Municipales de La Plata en Estado de Alerta y Movilización contra el 15% de aumento
El mismo representa unos 250 pesos de aumento por cuatrimestre para un ingresante. “Demás está decir que es insuficiente, por eso rechazamos este acuerdo amistoso que el intendente dice que va a firmar con los gremios STM y UPCN”, sostuvo el titular del SOEMLP, Gustavo Hernández. “Asimismo el Ejecutivo desconoce la resolución del Ministerio de Trabajo que indica que nuestro gremio está habilitado para participar de la discusión salarial”, agregó
El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de La Plata, adherido a la Fesimubo emitió este viernes un comunicado donde expresa que se encuentra en “Estado de Alerta y Movilización” ante el inminente acuerdo que habría establecido el ejecutivo municipal con dos de los tres gremios habilitados para la discusión salarial: el sindicato UPCN de Carlos Quintana y el STM de Darío Alfano y que podría sellarse este lunes.
En este sentido, Hernández, expresó que el municipio desconoce la ley impulsada por la Fesimubo de Paritarias y Negociación Colectiva para el sector (14656) y la resolución del Ministerio de Trabajo que habilitó en 2017 al SOEMLP a participar de la negociación salarial.
Por esto Gustavo Hernández no desestima que se tomen medidas de acción directa ya que como sostuvo “El Ejecutivo hizo caso omiso de una resolución del Ministerio y se prepara para un “acuerdo amistoso” con dos gremios, y que está muy lejos de satisfacer las necesidades de un trabajador municipal.
En esa línea remarcó además que el acuerdo del 15% al que se pretende arribar este lunes es insuficiente, ya que llevado al sueldo de un ingresante representa apenas unos 250 pesos de aumento por cuatrimestre. «Tal vez si pudiéramos darle ese dinero a los dirigentes que se sientan a pactar nuestro salario o al mismo intendente para que pueda vivir con eso, quizás nos puedan explicar cómo se puede hacer”, remarcó.
En tanto señaló: “Desde el Ejecutivo nos dijeron que era una decisión tomada. Nosotros consideramos que no se está respetando la ley que nos ampara como trabajadores municipales y que se deben tener en cuenta dos cuestiones fundamentales. Primero, que hay una resolución ministerial y que la comuna debe acatar más allá de las disidencias que tengamos o la minoría”, sostuvo.
“En segundo lugar, creemos que por algún contrato espurio pretenden colocar al trabajador municipal en condición de empleado provincial en el tratamiento paritario, cuando no es así. Los estatales tienen una ley que es la 10430 y los municipales desde 2015 tenemos nuestra propia ley de negociación colectiva que es la ley 14656, una ley que impulsó y luchó la Fesimubo por más de 20 años y que desde 2015 se encuentra en plena vigencia”, agregó.
“Curiosamente de esa ley no se habla porque es la que no permitiría que esos dos gremios se junten para tratar la paritaria municipal”, remarcó. En tanto recordó que se encuentra pendiente el dictamen del Ministerio de Trabajo que intima al municipio a convocar nuevamente a las partes a debatir un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, luego de que fuera derogado el acuerdo alcanzado con estos dos mismos gremios a mediados de 2017.
“Esto es algo que el intendente patea hacia adelante porque no nos quiere en la misma mesa de discusión porque sabe que nosotros vamos a estar para defender los intereses reales del trabajador municipal y fundamentalmente por el sinceramiento de nuestro salario que ha permanecido relegado por años de desidia”, remarcó.
En cuanto al techo del 15% impuesto por el gobierno nacional en un primer momento y que ahora, de acuerdo con los dichos del propio ministro de Trabajo, se tendría que rever de acuerdo a las nuevas mediciones de inflación, Hernández manifestó: “Esto se debe a que el gobierno siempre aplicó la política del tero, decir una cosa y hacer otra, y a la ausencia de un plan económico homogéneo que pueda favorecer al conjunto. El plan era que lluevan las inversiones, pero esto nunca sucedió y la inflación está por las nubes y los trabajadores como siempre estamos presos de la presión impositiva”.
“Creo que en lugar de hablar del 15%, debemos hablar de la presión tributaria, los tarifazos, del precio de la canasta básica, que el propio gobierno admite que tiene que ser de 42 mil pesos para poder subsistir una familia”, concluyó.
Gremios
¿Justicia?: todos los fallos fueron a su favor pero siguen despedidos y sin cobrar hace dos años
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó el fallo en primera instancia a favor de los trabajadores despedidos de Lácteos Vidal que ordenó la reincorporación y el pago de una multa por desobediencia. Sin embargo, los 29 trabajadores del pequeño pueblo de Moctezuma siguen en la calle y sin cobrar sus salarios.
La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA) celebró la confirmación del fallo de primera instancia por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que determinó el accionar ilegal y la violación reiterada de normas laborales por parte de la empresa Lácteos Vidal.
“El fallo es importante pero refleja lo lenta e injusta que termina siendo la justicia para los trabajadores, ya que en agosto van a cumplirse dos años del despido y en todo este tiempo los trabajadores no pudieron percibir su salario”, aseguró el secretario General de ATILRA, Héber Ríos.
Y apuntó: «Los trabajadores están destruidos económica y anímicamente. Si bien este fallo es un paso importante en su lucha, el ataque mediático y judicial a raíz de las denuncias falsas que hizo Florencia Arietto junto a la dueña de Lácteos Vidal hicieron mucho daño”.
El conflicto inició en 2018 cuando los trabajadores de Lácteos Vidal reclamaron el pago correcto de presentismo, cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y la recategorización de trabajadores mal encuadrados en el marco de un convenio colectivo diferenciado y a la baja.
Como la patronal no realizó ni una sola propuesta tendiente a cumplir las leyes laborales y el Convenio Colectivo de Trabajo 2/88, que rige para los trabajadores y las trabajadoras de la Industria Lechera, en agosto de 2022 iniciaron un paro por tiempo indeterminado.
La familia Bada Vázquez junto al Movimiento Empresarial Antibloqueos (MEAB) denunció que el sindicato bloqueaba la planta y los extorsionaba. Sin embargo, la justicia, en distintas instancias, determinó que el supuesto bloqueo no existió y que los trabajadores ejercieron en forma lícita el derecho a huelga.
En septiembre del 2022, la empresa lactea despidió a los 29 trabajadores de paro y contrató personal nuevo fuera de convenio con el que sigue produciendo, a pesar de que el fallo judicial lo prohibía explicitamente.
«Un juez está diciendo que deben reincorporar a los trabajadores y pagar los aistrentes que al momento del fallo eran 10 pesos por trabajador por cada día de atraso. Ahora el juez debe hacer cumplir el fallo que el mismo dictaminó y haga pagar la multa», apuntó el dirigente sindical
Mientras tanto, los trabajadores continúan con un acampe y sobreviven gracias a la ayuda de los trabajadores del sector que realizan colectas solidarias.
Gremios
Kicillof sigue sumando adhesiones en el mundo gremial: “Nos enorgullece este gobernador”, dijo Abel Furlán de la UOM
