Según la CPM la mayoría de los casos de gatillo fácil son con policías fuera de servicio

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) difundió un informe preliminar con datos preocupantes sobre el uso letal de la fuerza del estado. El año pasado se registraron 110 muertes provocadas por efectivos de fuerza de seguridad y policiales en la provincia de Buenos Aires. El 70% de las víctimas tenía menos de 30 años. A esto hay que sumar las 12 muertes bajo custodia estatal en comisarías. Estos números son la consecuencia de una política criminal basada en el control y la saturación territorial que asume a la violencia estatal como respuesta natural de la problemática del delito. 

Un niño de 14 años fue asesinado el domingo en San Martín por un efectivo policial integrante del GAD. Según los vecinos, se escucharon catorce disparos. El sábado, la policía metropolitana acribilló a un joven de 22 años en el barrio de barracas. Hace un mes, otro joven de 22 murió en un supuesto suicidio en la comisaría tercera de Temperley. Lo habían detenido por disturbios en la vía pública. Sus familiares denuncian responsabilidad policial.

La CPM difundió datos alarmantes sobre el uso letal de la fuerza del estado durante el año 2016, que surgen de un informe preliminar que considera múltiples fuentes. Entre los datos más sobresalientes se infiere que en la mayoría de los casos los agentes estaban fuera de servicio al momento del hecho y portaban su arma reglamentaria. Además, principalmente se trató de situaciones en las que supuestamente estaban en riesgo pertenencias individuales de los mismos agentes.

Según este informe, 110 personas murieron durante el 2016 por el uso de fuerza letal de efectivos de fuerzas de seguridad y policiales en la Provincia de Buenos Aires. En el 64% de los casos la fuerza involucrada fue la Policía Bonaerense, el 15% la Policía Federal Argentina, un 11% la Policía Local, y un 3% la Metropolitana, entre las principales.

Uno de los datos más significativos de este informe indica que en el 61% de los casos relevados los efectivos se encontraban fuera de servicio al momento del hecho. Respecto de los motivos por los cuales se produjo la intervención policial el 73% estuvo asociado con la defensa de bienes. De este número, el 51% se trató de bienes pertenecientes a efectivos policiales y un 22% a bienes de terceras personas, entre otros.

Respecto de la edad de las víctimas, los datos también resultan alarmantes. Cerca del 70% tenían menos de 30 años. De los 53 casos en los que se pudo precisar la edad, se desprenden los siguientes datos: un 8% menores de 16 años, 11% entre 16 y 17 años, es decir que un 19% eran niños y adolescentes; por otro lado, 26% tenían entre 18 y 24 años, un 28% entre 25 y 29 años, y 26% de 30 o más años.

Por último, el informe arroja algunos números para pensar la distribución geográfica del uso letal de la fuerza del estado. En este sentido, se lee que el municipio con más casos es La Matanza (20%), seguido por Quilmes (11%), Lanús (10%), Lomas de Zamora (10%) y La Plata (7%), entre otros.

“Estos números sólo refuerzan lo que junto a otros organismos venimos denunciando desde hace años. Denuncias que incluso han sido escuchadas y reconocidas por la justicia y los organismos internacionales de derechos humanos y que le han valido al estado argentino un llamado de atención para revertir su política criminal y asumir las responsabilidades”, expresaron desde la CPM.

Este informe fue remitido a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia, a la gobernadora María Eugenia Vidal y la legislatura provincial.

Desde el organismo señalaron como “imperioso que el Estado avance con reformas clave para revertir esta situación que desde hace años están pendientes”, como la creación de las fiscalías especializadas en violencia institucional, la puesta en marcha de la policía judicial y autonomía de la defensa.

“Es urgente avanzar en el desarme del estado policial vigente que hace que los agentes de las fuerzas de seguridad intervengan en todo momento ante cualquier evento. Sumado a esto también es necesario diseñar un protocolo que permita al estado controlar la disposición, uso y custodia de las armas”, concluyó la CPM.

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